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En lugar de detener la inmigración, deberíamos regular a los inversores y promotores que impulsan y se benefician de los altísimos precios de la vivienda.

Por Syed Hussan

Dondequiera que miremos, nos dicen que un aumento desenfrenado de la inmigración está provocando un aumento vertiginoso de los precios de las viviendas y los alquileres.
Las páginas de opinión de los periódicos de todo el país han hecho eco de esta conexión. Bloomberg News advirtió recientemente que “los crecientes costos de la vivienda corren el riesgo de erosionar el apoyo a la inmigración”. Otro columnista insta: “En medio de la crisis inmobiliaria de Canadá, la inmigración debe ser más lenta”. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, insiste en que la rezonificación del cinturón verde (que ahora sabemos fue determinada por l@s promotor@s) es necesaria para construir viviendas “para el millón de recién llegad@s”. Maxime Bernier, el siempre elegante líder del Partido Popular de Canadá, de extrema derecha, ha estado tuiteando que l@s canadienses pronto se verán obligad@s a aceptar inmigrantes en sus hogares.
La historia que nos cuentan es simple oferta y demanda: hay más inmigrantes, están comprando y alquilando más, lo que hace que los precios suban, y la solución es reducir drásticamente el número de recién llegad@s. Esto no es cierto. La verdad es que necesitamos viviendas públicas, sociales y más asequibles, y congelar los beneficios y los aumentos de los alquileres. El aumento masivo de los precios de la vivienda y los alquileres simplemente no es proporcional al aumento de la demanda ni al aumento de la inmigración; se trata del hecho de que l@s inversores y promotores pueden fijar el precio que quieran y lo hacen sin control. La simple construcción de casas nuevas no aliviará la presión.
Si bien la inmigración y la vivienda están conectadas, como todo lo está, una no está causando la crisis en la otra. Este es el por qué.

1. No ha habido un aumento masivo de residentes permanentes

Much@s polític@s y expert@s apuntan a un aumento de inmigrantes al señalar los 431.645 residentes permanentes que fueron aprobados en 2022.

¿Pero por qué este número? En 2020, como resultado de la pandemia de COVID-19, Canadá trajo 156.000 residentes permanentes menos de lo previsto. Para cubrir ese déficit, en 2021, 2022 y 2023 se admitirán aproximadamente 50.000 inmigrantes más de lo previsto inicialmente. Esto distorsiona los datos. Las personas que señalan el aumento repentino en comparación con 2017 y 2018, cuando las cifras fueron más bajas, se están perdiendo el panorama completo.

2. Much@s “nuev@s” residentes permanentes ya viven aquí

Aún más importante es que el año pasado alrededor del 45 por ciento de l@s nuev@s resident@s permanentes fueron personas que pasaron de un estatus temporal. En otras palabras, ya vivían aquí. Su cambio de estatus no afectaría la demanda general de vivienda.
Una cifra más precisa sería un@s 285.000 “nuev@s” residentes permanentes que llegaron a Canadá el año pasado.

3. La mayoría de l@s recién llegad@s son trabajador@s migrantes, estudiantes y solicitantes de refugio.

Sin embargo, Canadá ha experimentado un fuerte aumento en el número de personas que llegan como inmigrantes temporales. En 2022 se expidieron casi 460.000 permisos temporales más que en 2018, un aumento de casi el 63 por ciento. Este número incluye trabajador@s migrantes, estudiantes y nuev@s solicitantes de asilo.
Los nuevos permisos no significan necesariamente que haya habido un aumento neto de la población. Si bien llegan personas nuevas, otras se van y algunas renuevan sus permisos el mismo año en que se les expidió por primera vez, lo que significa que se les contabiliza dos veces.

4. L@s inmigrantes son pobres y no compran viviendas.

Según el censo de 2021, el 41.8 por ciento de l@s residentes no permanentes viven en la pobreza y el 16.1 por ciento de los inmigrantes recientes. Eso es mucho más alto que el promedio nacional del 8.1 por ciento y el promedio de tod@s l@s inmigrantes, que es del 9,1 por ciento. Much@s de est@s trabajador@s (aquell@s en la agricultura, la pesca, el trabajo de cuidados y más) viven en viviendas increíblemente inhumanas y controladas por sus empleador@s. En particular en la agricultura, l@s inmigrantes son almacenados sin sus familias, sin agua potable ni privacidad.
Much@s de est@s trabajador@s ni siquiera compiten por viviendas de alquiler, y mucho menos por comprar viviendas. Otr@s, como l@s estudiantes internacionales, tienden a alquilar, pero a menudo todavía en condiciones precarias y de explotación.
Muchos inmigrantes también son pobres y, al igual que l@s inmigrantes temporales, no son ell@s l@s que aumentan la demanda de vivienda. Son las personas que enfrentan una crisis inmobiliaria.

5. Los precios de la vivienda están aumentando mucho más rápidamente que la población

Incluso si todo el nuevo crecimiento demográfico es causado por la inmigración, el argumento de que la inmigración está provocando el aumento de los precios de la vivienda todavía no tiene sentido. El aumento demográfico en los últimos dos años fue del 3.9 por ciento, pero los precios de alquiler se dispararon un astronómico 20 por ciento. El precio de referencia para comprar una vivienda también ha aumentado más marcadamente que el de la población, disparándose un 6.3 por ciento sólo en el último año.
Además, Canadá tiene una tasa de natalidad en descenso. Un país necesita 2.1 hij@s por mujer para reemplazar la población, mientras que la tasa de fertilidad de Canadá cayó a un mínimo histórico de 1.4 hij@s por mujer en 2020.
En el futuro previsible, todo el crecimiento demográfico de Canadá se deberá a la inmigración. Pero sin inmigración, la población de Canadá disminuiría y el país experimentaría el correspondiente colapso en la industria y la calidad de vida.
Por primera vez en mucho tiempo, el aumento de la población se está produciendo en cohortes de adultos jóvenes y adultos y no en niñ@s. La población también está envejeciendo y viviendo más tiempo. Las necesidades sociales y económicas de esta nueva dinámica poblacional requieren diferentes decisiones infraestructurales, desde transporte y vivienda más accesibles hasta una mejor atención médica para las personas mayores.
Las soluciones reales de vivienda beneficiarían a todos

Pedir que se detenga la inmigración no es la solución a la crisis inmobiliaria de Canadá. Si la inmigración permanente disminuye, los empleadores seguramente se quejarán de la escasez de mano de obra y pedirán traer más trabajador@s extranjer@s temporales explotables. Muchas de esas personas eventualmente se irán o quedarán indocumentadas cuando expire su estatus temporal.
Esto es exactamente lo que ha sucedido en Quebec. El primer ministro François Legault se ha opuesto públicamente a la inmigración a la provincia. Pero desde su elección en 2018, el número de trabajador@s extranjer@s temporales que ingresan a Quebec cada año ha aumentado un 117 por ciento, en comparación con el aumento nacional del 61 por ciento.

Reprimir la inmigración no impide que l@s recién llegad@s entren a Canadá; sólo significa que quienes llegan tienen aún menos derechos.
Las soluciones reales, como congelar los aumentos de los alquileres y aumentar la producción de viviendas públicas, beneficiarían a todos los que luchan contra los costos astronómicos de la vivienda. También permitirían a inmigrantes y migrantes que realizan trabajos vitales como construir y limpiar casas; cultivar, envasar y entregar alimentos; y el cuidado de l@s niñ@s, l@s enferm@s y l@s adultos mayores, la seguridad para permanecer en el país con dignidad.
Necesitamos oponernos a la vinculación racista de la migración con los precios de la vivienda. L@s inmigrantes en el país necesitan más derechos, no menos, y eso significa estatus de residente permanente para tod@s. En acciones en todo el país el 17 de septiembre, los migrantes y sus aliados pedirán precisamente eso.

Una demanda colectiva propuesta busca una mayor libertad laboral y acceso al seguro de desempleo (EI).

Traducción del articulo de: 4 Jan 2024The Tyee Zak Vescera is The Tyee’s labour reporter. This reporting beat is made possible by the Local Journalism Initiative.

El año pasado, casi 12.000 trabajadores viajaron desde México, Guatemala y todo el mundo para trabajar en granjas a la Columbia Británica.

A cada un@ de ell@s se le dedujo una parte de su sueldo para cubrir las primas del seguro de desempleo.

Pero a diferencia de l@s trabajador@s radicados en Canadá, l@s trabajador@s agrícolas migrantes casi nunca pueden reclamar ese dinero una vez que sus contratos terminan y ya no están trabajando.

Y ahora, l@s trabajador@s agrícolas migrantes están intentando demandar al gobierno federal, alegando que se les deben cientos de millones en daños.

Una propuesta de demanda colectiva presentada en Ontario el mes pasado dice que esos programas, que trajeron a más de 70.000 trabajador@s a Canadá con visas temporales en 2021, violan los derechos de la Carta al obligar a l@s trabajador@s a trabajar para un solo empleador y pagar beneficios gubernamentales que casi ninguno de ell@s realmente pueden reclamar.

Jody Brown, socia de una de las tres empresas de Ontario que presentaron la demanda colectiva en nombre de un par de trabajador@s migrantes, dice que piden hasta 500 millones de dólares en daños generales y punitivos para las decenas de miles de trabajador@s migrantes que han llegado a Canadá. en los últimos 15 años.

Brown dice que también están buscando cambios de política, incluido el fin de los permisos de trabajo “cerrados”, que transformarían un programa que se ha vuelto fundamental para el sector agrícola de Canadá.

“No queremos que eso termine. Queremos que aún puedan venir a Canadá a trabajar”, dijo Brown, que trabaja en la oficina de Goldblatt Partners LLP en Toronto. “Pero cuando se trata de trabajo condicionado, es una forma de esclavitud por contrato”.

La demanda no ha sido certificada por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Incluso si lo fuera, dice Brown, probablemente tomaría años llegar a una conclusión.

Pero defensores y observadores dicen que es un serio desafío legal a un sistema de trabajo que, según dicen, discrimina a l@s trabajador@s extranjeros vulnerables.

En 1966, trabajador@s de Jamaica comenzaron a llegar a Canadá bajo el Programa de Trabajador@s Agrícolas Temporales con visas temporales para trabajar en granjas. El programa se ha ampliado a lo largo de los años a medida que Canadá forjó acuerdos con otros países, incluido México, e introdujo otra corriente separada para trabajador@s agrícolas bajo el Programa de Trabajador@s Extranjeros Temporales.

Casi todos l@s trabajador@s tienen permisos de trabajo cerrados que sólo les permiten trabajar para un único empleador. Por lo general, también viven en las granjas donde trabajan.

Una investigación de Tyee de 2023 sobre esos programas en B.C. este año encontró evidencia de viviendas inadecuadas, robo de salarios y abuso de trabajador@s que, según sus defensores, quedan en gran medida impunes.

Mitch Ward, un defensor de l@s trabajador@s de la Sociedad de Servicios para Inmigrantes Shuswap en Salmon Arm, dice que la naturaleza restrictiva de los permisos de trabajo convierte a l@s trabajador@s migrantes en blanco de explotación por parte de sus empleadores.

“Creo que estos permisos cerrados son increíblemente peligrosos”, dijo Ward. “Es una vulnerabilidad estructurada en beneficio del empleador”. Los permisos significan que si l@s trabajador@s se quejan de abusos, no sólo perderán sus empleos sino que tendrán que regresar a sus países de origen.

Si bien l@s trabajador@s han podido solicitar un permiso de trabajo abierto temporal desde 2019, solo pueden hacerlo si pueden demostrar que ya han sido víctimas de abuso.

Eso requiere presentar una solicitud exitosa en inglés o francés, a pesar de que la gran mayoría de l@s trabajador@s agrícolas provienen de países donde ninguno de los dos es un idioma oficial.

Trabajador@s vulnerables
La mayoría de l@s trabajador@s agrícolas extranjer@s temporales que solicitan un permiso de trabajo abierto de emergencia en Columbia Británica son rechazad@s.

Los datos obtenidos por The Tyee indican que aproximadamente la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas en 2022.

Pagar por una cobertura de Seguro de Desempleo (EI) que no existe

Una de las afirmaciones centrales de la demanda es que Canadá ha exigido injustamente a l@s trabajador@s agrícolas migrantes que contribuyan al programa de seguro de desempleo del país, aunque casi nunca pueden reclamar beneficios.

L@s trabajador@s que vienen a Canadá reciben un número de seguro social temporal y, como tod@s l@s residentes o ciudadan@s permanentes, pagan una prima del EI cada semana en función de su salario. Sus empleador@s también hacen contribuciones.

Pero l@s trabajador@s sólo pueden reclamar EI si residen en el país. Y como l@s trabajador@s inmigrantes que pierden su empleo tienen que abandonar Canadá, no pueden reclamar el beneficio.

“Para poder cobrar EI, hay que estar preparado y poder trabajar en Canadá. Eso simplemente no se aplica a las personas cuando la estructura de su trabajo es que tienen que abandonar el país cuando dejan de trabajar”, dijo Brown.

Ward, quien ha pasado años apoyando a l@s trabajador@s agrícolas migrantes en el Interior de B.C., dijo que ha ayudado a much@s a presentar solicitudes de EI.

Much@s de es@s trabajador@s, dijo Ward, vienen con contratos “en serie” para recolectar diversas frutas a medida que llegan a la temporada en toda Columbia Británica, especialmente en Okanagan. Si una temporada se ve interrumpida por un incendio, una inundación o el mal tiempo, es posible que puedan conseguir un nuevo contrato para cosechar otra cosecha. Pero en muchos casos, su temporada se acorta y no les queda más remedio que regresar a casa. Incluso en esos casos, l@s trabajador@s no pueden reclamar EI, lo que a menudo los deja con ingresos mucho menores de los que esperaban ganar.

Este año, los incendios forestales y el calor abrasador en B.C. trastornó la cosecha de much@s productor@s de frutas y obligó a cientos de trabajador@s migrantes a huir de las granjas.

Algun@s trabajador@s pudieron acceder a un pago de emergencia único de $1,000, pero no pudieron reclamar un seguro de desempleo para compensar el dinero perdido.

Ward dijo que, según su experiencia, l@s único@s trabajador@s que pueden reclamar EI son aquell@s que tienen visas abiertas temporales después de haber sido víctimas de abuso.

La demanda presentada en Ontario estima que desde 2008, l@s trabajador@s migrantes pueden haber pagado hasta 197 millones de dólares al sistema de IE. Sus empleador@s, en el mismo período, pueden haber contribuido hasta 275 millones de dólares.

Chris Ramsaroop, organizador de Justicia para l@s Trabajador@s Migrantes en Ontario, dijo que l@s trabajador@s se han quejado durante mucho tiempo de que se les obliga a pagar al IE a pesar de que rara vez pueden aprovecharlo.

“Es posible que l@s trabajador@s no hayan utilizado la palabra ‘robo de salarios’, pero en gran medida vieron esto como un robo de sus salarios”, dijo Ramsaroop.

Presión creciente por cambios

Canadá, l@s empleadores y los gobiernos provinciales han defendido los programas para trabajador@s agrícolas migrantes, argumentando que los casos de abuso y explotación son raras excepciones y no un problema sistémico.

Pero recientemente, l@s funcionari@s han abierto la puerta al cambio. Marc Miller, el ministro federal a cargo del expediente, dijo en un comité en noviembre que estaba planeando reformas a los programas de trabajador@s extranjer@s temporales de Canadá destinadas a prevenir abusos.

Miller dijo que los permisos de trabajo cerrados continuarían, pero insinuó que estaba abierto a “una forma de permiso más abierta o regional”. Un comité del Senado que examina el tema ha planteado una idea similar, argumentando que podría ser económicamente beneficiosa y daría más flexibilidad a l@s trabajador@s inmigrantes.

Brown dice que tal sistema obligaría a l@s propietari@s de granjas a competir por emplead@s, lo que les exigiría mejorar los salarios y las condiciones laborales.

“Mientras creen condiciones de trabajo decentes, no tienen nada de qué preocuparse. Todavía habrá gente que querrá venir a Canadá a trabajar, pero tendrán más derechos en términos de su trabajo”, dijo Brown.

No todo el mundo está de acuerdo con las ideas. En entrevistas anteriores con The Tyee, las asociaciones agrícolas argumentaron que los permisos de trabajo regionalizados o específicos de la industria serían difíciles de implementar, especialmente porque l@s propietari@s de granjas a menudo gastan su propio dinero para traer trabajadores migrantes a Canadá.

Y algun@s defensor@s, como Ramsaroop, argumentan que un permiso sectorial no es suficiente. “Básicamente estamos atando a l@s trabajador@s a una industria precaria en lugar de a un empleador precario”, dijo.

Ward dijo que su preferencia sería que l@s trabajador@s agrícolas inmigrantes puedan obtener el estatus de residencia permanente. Pero dice que cualquier alejamiento de los permisos cerrados es un paso en la dirección correcta.

“Cualquier cosa que podamos hacer para poner fin a estos permisos cerrados seguramente será beneficioso”, dijo Ward.

La declaración de demanda sostiene que el sistema de permisos vinculados se deriva directamente de las políticas gubernamentales racistas de la década de 1960, que buscaban negar a l@s trabajador@s negr@s y otr@s trabajador@s racializados los mismos beneficios otorgados a los emplead@s canadienses.

Brown dijo que incluso si los tiempos han cambiado, ese sistema no.

“La misma política que se creó entonces, que se creó en base a estos sentimientos, es el mismo programa hoy. No ha cambiado estructuralmente en absoluto”, afirmó. [Tye]